02/28/2022 |Octavio Vélez Ascencio|Noticias. El colectivo Cambiémosla Ya demandó al Poder Legislativo modificar la Ley Minera y eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia de esta actividad sobre cualquier otro uso del territorio para que sean respetados los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
En su representación, el coordinador del Área de Derechos Territoriales de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez afirmó que el Poder Legislativo, después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde desperdició la oportunidad de reconocer a la Ley Minera como inconstitucional e inconvencional, tiene ahora la responsabilidad de modificar el marco legal y así esta actividad, privada y altamente contaminante, no permanezca por encima de los derechos humanos y del medio ambiente.
“Es su deber enmendar el contenido de la Ley Minera que coloca a esta actividad por encima de los derechos de pueblos y comunidades, de la propia Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos de los que México forma parte”, asentó.
«Ley Minera no ha beneficiado a México»
Subrayó que aunque la SCJN admitió la violación al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en la asignación de las concesiones mineras, no reconoció la violación al derecho a la tierra y al territorio de los pueblos y comunidades indígenas y de los núcleos agrarios.
Aparte de esto, resaltó que la Ley Minera no ha beneficiado a México, sino únicamente ha beneficiado a una pequeña élite empresarial, la cual ha acumulado fortunas a costa de la vida, la salud y los derechos de las comunidades y pueblos de México, por los graves impactos ambientales, hídricos y sociales en los medios de vida.
De esta manera, propuso la eliminación del carácter de utilidad pública y de preferencia de las actividades mineras, hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades y pueblos respecto del otorgamiento de concesiones mineras y cambiar el esquema y régimen abusivos de las concesiones.
Así como retirar los privilegios de acceso a la tierra y al agua otorgados a las empresas y blindar Áreas Naturales Protegidas, sitios sagrados, arqueológicos de las actividades mineras.
Y por último, prohibir la minería de metales preciosos con las técnicas de tajo a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en los procesos de lixiviación, así como que las empresas mineras transparenten la información relacionada con su actividad, incluyendo lo relativo a sus estados financieros.
